¡ESCÁNDALO EN CEUTA! Un informe policial identifica a dos altos mandos marroquíes durante el asalto fronterizo que sacude al Gobierno de Sánchez
España se enfrenta a una revelación de enorme trascendencia política y diplomática. Un informe de la Policía Nacional, remitido a la Audiencia Nacional, ha puesto bajo el foco a dos altos cargos de seguridad marroquíes que aparecen en imágenes grabadas durante la entrada masiva de inmigrantes registrada en la frontera de Ceuta.
La información ha provocado nuevas preguntas sobre lo ocurrido aquellos días, el papel de las autoridades marroquíes y la capacidad del Gobierno español para anticiparse a una crisis fronteriza de semejante magnitud. Lo que inicialmente podía parecer una concentración descontrolada de personas podría esconder una estructura de coordinación mucho más compleja.
Y hay un elemento especialmente delicado: los investigadores han identificado a dos responsables policiales marroquíes que se encontraban en las inmediaciones de la frontera durante los acontecimientos investigados.
La documentación policial, de 21 páginas, recoge fotografías, fotogramas y referencias a diferentes grabaciones difundidas por medios de comunicación marroquíes. Ese material ha permitido reconstruir parte de los movimientos de dos figuras relevantes del dispositivo de seguridad desplegado en la región.
Pero la pregunta que ahora adquiere una importancia extraordinaria es inevitable: ¿qué hacían exactamente estos responsables en el escenario de una de las mayores crisis fronterizas sufridas por Ceuta?
UN INFORME POLICIAL QUE ABRE UN ESCENARIO INQUIETANTE
La investigación está relacionada con los acontecimientos del 30 y 31 de julio de 2026, cuando se produjo una entrada masiva de inmigrantes irregulares desde territorio marroquí hacia la ciudad autónoma de Ceuta.
El asunto se encuentra bajo la supervisión de la magistrada María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que investiga las circunstancias de aquellos acontecimientos.
En este contexto, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha remitido un documento en el que identifica a dos altos mandos policiales marroquíes presentes en distintas grabaciones relacionadas con los hechos.
La relevancia del documento no reside únicamente en las identidades que aparecen recogidas. También importa la responsabilidad institucional que ambos desempeñaban en una zona especialmente sensible para la seguridad española.
Los investigadores han localizado cinco vídeos en los que aparecen estos responsables marroquíes en las inmediaciones del paso fronterizo de Bab Sebta, en las proximidades de Fnideq y Castillejos.
Se trata de una zona estratégica, situada frente a Ceuta, donde los movimientos de personas, las operaciones policiales y las decisiones de seguridad tienen consecuencias directas sobre la frontera española.
El informe describe a los dos identificados como responsables con competencias en materia de orden público, seguridad y supervisión de los dispositivos desplegados en aquella demarcación.
La documentación señala, además, que ambos ocupaban posiciones relevantes dentro de la estructura operativa de la seguridad marroquí.
Este detalle resulta fundamental para comprender la dimensión del asunto. No estamos hablando simplemente de dos personas que aparecen accidentalmente en unas imágenes, sino de responsables públicos cuya presencia merece ser examinada dentro de una investigación judicial.
Sin embargo, conviene distinguir entre lo que acredita el informe y las conclusiones que todavía deben establecerse. La identificación de estos mandos no demuestra por sí sola que organizaran el movimiento migratorio ni que dirigieran una operación de desestabilización contra España.
Precisamente por eso, las preguntas que plantea la documentación adquieren todavía mayor importancia.
MOHAMED EL WALIDI: EL PRIMER NOMBRE QUE APARECE EN LA DOCUMENTACIÓN
Uno de los principales identificados es Mohamed el Walidi, descrito en el informe como un destacado responsable de la seguridad pública marroquí.
Su trayectoria profesional incluye diferentes puestos de responsabilidad en comisarías y prefecturas de varias ciudades del país, entre ellas Salé, Jemisset y Rabat.
Posteriormente ejerció como adjunto en Tetuán, hasta que en 2019 fue nombrado responsable de la prefectura policial de esa región.
Su posición institucional le sitúa dentro de una estructura de mando con competencias importantes sobre la seguridad y el orden público en el norte de Marruecos.
La Policía Nacional señala que su imagen aparece en diferentes grabaciones relacionadas con los días del asalto fronterizo. Concretamente, el documento hace referencia a varios vídeos utilizados para identificar su presencia.
Las imágenes proceden tanto de grabaciones difundidas por medios marroquíes como de otros materiales examinados durante las diligencias policiales.
La aparición reiterada de este responsable en las inmediaciones de la frontera constituye uno de los elementos que los investigadores han considerado relevantes para reconstruir el dispositivo de seguridad desplegado durante aquellos días.
Y aquí aparece una cuestión que merece especial atención: ¿qué información manejaban las autoridades marroquíes sobre los movimientos de personas que se dirigían hacia Ceuta?
La presencia de un alto responsable policial en una zona donde se estaba desarrollando una entrada masiva obliga a examinar las decisiones operativas adoptadas por las autoridades competentes.
No obstante, todavía resulta necesario determinar qué papel concreto desempeñó cada responsable, qué instrucciones recibió y cuáles fueron sus actuaciones durante los acontecimientos.
La investigación no puede sustituir esas respuestas por interpretaciones políticas anticipadas.
ABDEL FATAH SAYED EL RADI: EL SEGUNDO RESPONSABLE IDENTIFICADO
El segundo nombre que aparece en el informe es Abdel Fatah Sayed el Radi, otro alto cargo de la seguridad marroquí que habría acompañado a Mohamed el Walidi en diferentes momentos.
Según la documentación policial, este responsable ejercía funciones de supervisor general en la zona de Fnideq y Castillejos.
Su trayectoria también incluye responsabilidades relevantes dentro de los dispositivos de seguridad desplegados en el norte de Marruecos.
Antes de asumir sus funciones posteriores, habría dirigido durante aproximadamente tres años el dispositivo policial de Larache, según los antecedentes recogidos en el documento.
En enero de 2022 recibió un ascenso al rango de supervisor general, reconocimiento institucional que refleja su trayectoria dentro de los cuerpos de seguridad marroquíes.
Los investigadores también han localizado imágenes en las que aparece vestido con uniforme de la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos, conocida por sus siglas DGSN.
Una de esas fotografías corresponde a un acto conmemorativo relacionado con el aniversario de dicha institución.
La presencia de El Radi en las grabaciones examinadas adquiere relevancia por las competencias que desempeñaba en el área fronteriza durante los acontecimientos investigados.
El documento lo sitúa dentro de la estructura responsable de supervisar las actuaciones de los agentes policiales y de las fuerzas auxiliares marroquíes.
Es decir, hablamos de un responsable cuya posición institucional podía proporcionarle información directa sobre los movimientos y las operaciones de seguridad desarrolladas en aquella zona.
Pero existe una diferencia esencial entre tener responsabilidades operativas en una región y haber organizado deliberadamente una entrada masiva de inmigrantes.
Esa distinción será determinante para establecer el alcance real de las actuaciones investigadas.
CINCO VÍDEOS, IMÁGENES Y UNA RECONSTRUCCIÓN QUE TODAVÍA NO HA TERMINADO
Uno de los aspectos más importantes del informe es la utilización de material audiovisual para reconstruir los acontecimientos.
La Policía Nacional habría identificado cinco grabaciones en las que aparecen los dos responsables marroquíes en las inmediaciones del paso fronterizo de Bab Sebta.
Los vídeos fueron difundidos por medios de comunicación marroquíes durante los días 30 y 31 de julio de 2026.
Su ubicación resulta especialmente relevante porque las imágenes corresponden al entorno de la frontera terrestre entre Marruecos y España, junto al paso del Tarajal.
Los investigadores han utilizado esos materiales para identificar a las personas que aparecen en las grabaciones y relacionarlas con sus respectivas responsabilidades institucionales.
El informe también recoge referencias a imágenes obtenidas mediante fuentes abiertas, que han permitido contrastar las identidades y las trayectorias profesionales de los dos responsables.
Este procedimiento resulta especialmente importante cuando se investigan acontecimientos desarrollados en escenarios internacionales donde las autoridades españolas no controlan directamente todos los elementos de prueba.
La documentación policial no se limita a señalar que ambos estaban presentes. También describe sus posiciones dentro de la estructura de seguridad regional.
Según sus conclusiones, Mohamed el Walidi y Abdel Fatah Sayed el Radi se encontraban entre los responsables con mayor rango operativo dentro del dispositivo desplegado por las autoridades marroquíes.
La Policía continúa analizando el material disponible para determinar qué funciones desempeñaron exactamente durante los acontecimientos.
Además, el informe plantea la necesidad de identificar a otros colaboradores que aparecen en las grabaciones y reconstruir la estructura de mando que intervino en aquellos días.
Este último detalle podría resultar especialmente importante para comprender cómo funcionó el dispositivo de seguridad marroquí durante la crisis fronteriza.
Porque identificar a dos responsables constituye solamente una parte de una investigación mucho más amplia.
LA GRAN PREGUNTA: ¿QUÉ SABÍAN LAS AUTORIDADES MARROQUÍES?
La presencia de responsables policiales de alto rango en las inmediaciones de una entrada masiva plantea interrogantes que afectan directamente a las relaciones entre Madrid y Rabat.
Ceuta constituye uno de los puntos más sensibles de la frontera exterior española. Cualquier alteración significativa de la seguridad en esta zona puede provocar consecuencias políticas, humanitarias y diplomáticas de enorme alcance.
Por eso, conocer el papel de las autoridades marroquíes resulta fundamental.
¿Tenían información previa sobre la concentración de personas? ¿Qué dispositivos habían desplegado? ¿Qué instrucciones recibieron los responsables policiales presentes? ¿Cómo se coordinó la actuación de los distintos cuerpos de seguridad?
Estas preguntas no son cuestiones secundarias. Son precisamente los interrogantes que pueden ayudar a determinar si existieron fallos de coordinación, decisiones deliberadas o actuaciones irregulares.
También será necesario esclarecer qué información recibieron los organismos españoles encargados de la seguridad fronteriza y cuándo tuvieron conocimiento de los movimientos que estaban produciéndose.
La responsabilidad de proteger la frontera española corresponde a las instituciones competentes, que deben ofrecer explicaciones claras cuando se producen acontecimientos de semejante gravedad.
En este escenario, el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco puede permanecer al margen del debate político.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué información recibió el Ejecutivo, qué gestiones diplomáticas realizó y qué medidas adoptó para evitar que una situación semejante volviera a producirse.
Sin embargo, la documentación descrita no demuestra por sí misma que el Gobierno español consintiera deliberadamente los acontecimientos ni que existiera una operación marroquí dirigida a desestabilizar España.
Esas son acusaciones de enorme gravedad que necesitan pruebas específicas y conclusiones judiciales.
Lo que sí está sobre la mesa es un informe policial que identifica a dos responsables marroquíes en el escenario de los acontecimientos y que mantiene abierta la investigación sobre sus actuaciones.
UNA INVESTIGACIÓN QUE PUEDE ABRIR NUEVAS LÍNEAS
La parte más significativa de las conclusiones policiales es que los investigadores todavía no consideran terminado su trabajo.
El documento señala expresamente que continúa el análisis del material disponible para conocer el papel desempeñado por los dos identificados.
También pretende avanzar en la identificación de otras personas que aparecen en los vídeos y reconstruir la estructura de mando correspondiente.
Esto significa que todavía podrían incorporarse nuevos elementos a la investigación.
La aparición de otras identidades, la comparación de grabaciones y el examen de las responsabilidades institucionales podrían permitir reconstruir con mayor precisión cómo se desarrollaron los acontecimientos del 30 y 31 de julio.
También será importante determinar si las autoridades marroquíes colaboran con los requerimientos judiciales y qué información adicional puede obtenerse mediante los mecanismos de cooperación internacional.
La Audiencia Nacional tendrá que valorar la documentación disponible y decidir qué diligencias resultan necesarias para esclarecer los hechos.
Mientras tanto, la dimensión política del asunto promete seguir creciendo.
La oposición podrá exigir explicaciones al Ejecutivo sobre la gestión de la frontera y las relaciones con Marruecos, mientras el Gobierno deberá responder con información verificable y no únicamente con declaraciones políticas.
En una cuestión tan delicada, las instituciones españolas tienen la obligación de actuar con transparencia, rigor y responsabilidad.
La seguridad de Ceuta no puede convertirse en una herramienta de propaganda ni en un asunto que quede enterrado bajo el ruido de las disputas partidistas.
Los ciudadanos necesitan conocer qué ocurrió realmente, quién tomó las decisiones y si existieron responsabilidades que deban ser investigadas.
SÁNCHEZ, RABAT Y CEUTA: UN ESCENARIO QUE TODAVÍA PUEDE DAR MUCHO QUE HABLAR
La identificación de Mohamed el Walidi y Abdel Fatah Sayed el Radi añade un nuevo elemento a una investigación que puede tener consecuencias importantes para la relación entre España y Marruecos.
Rabat es un socio estratégico de Madrid en cuestiones migratorias, económicas y de seguridad. Precisamente por eso, cualquier sospecha sobre las actuaciones de responsables marroquíes en una crisis fronteriza exige respuestas especialmente claras.
El Gobierno español tendrá que explicar qué sabe sobre los acontecimientos y qué mecanismos está utilizando para garantizar la seguridad de Ceuta.
También será necesario conocer si los servicios de información españoles disponían de datos previos sobre los movimientos registrados en la frontera y si esos datos fueron trasladados oportunamente a las autoridades competentes.
La investigación judicial deberá separar las evidencias de las interpretaciones y determinar si los responsables identificados tuvieron alguna participación relevante más allá de sus funciones ordinarias.
Pero una cosa parece evidente: la documentación policial ha colocado sobre la mesa nombres, imágenes y responsabilidades que merecen una explicación exhaustiva.
Y todavía queda una parte de la historia por reconstruir.
EL INFORME NO CIERRA EL CASO: PODRÍA SER SOLAMENTE EL PRINCIPIO
Los acontecimientos de Ceuta siguen planteando preguntas incómodas para todas las instituciones implicadas.
Dos altos cargos policiales marroquíes aparecen identificados en grabaciones relacionadas con la entrada masiva de inmigrantes, y la Policía Nacional continúa examinando su posible papel dentro del dispositivo de seguridad desplegado en la frontera.
La investigación también busca identificar a otros participantes y determinar cómo se organizó la cadena de mando durante aquellas jornadas.
Ahora la atención se dirige hacia la Audiencia Nacional y hacia las posibles nuevas diligencias que puedan surgir del análisis de las pruebas.
¿Aparecerán nuevas identidades? ¿Se conocerán instrucciones concretas transmitidas durante aquellos días? ¿Podrán los investigadores reconstruir completamente las decisiones adoptadas a ambos lados de la frontera?
Y, sobre todo, ¿qué explicaciones ofrecerá el Gobierno español cuando se conozcan todos los elementos de la investigación?
Por ahora, no existe una conclusión judicial que permita afirmar que los dos responsables organizaron una operación de invasión o que actuaron como espías en territorio español.
Pero el informe policial sí ha abierto una línea de investigación que merece toda la atención institucional y pública.
Porque detrás de las imágenes, los nombres y los cargos oficiales permanece una pregunta fundamental que todavía espera respuesta: ¿qué ocurrió realmente en la frontera de Ceuta durante aquellas horas y quién conocía de antemano la dimensión de lo que estaba sucediendo?
La respuesta podría cambiar considerablemente la interpretación de aquellos acontecimientos.
Y quizá lo más importante todavía esté por conocerse.
